Por Livio Ozuna Martínez
Para comprender por qué tantos dominicanos soportan en silencio situaciones que consideran injustas, hay que comenzar por examinar las condiciones económicas en que viven.
El hombre que depende de un salario para alimentar a sus hijos no tiene la misma libertad de acción que aquel cuya subsistencia está asegurada. Ambos pueden tener iguales derechos ante la ley, pero no siempre las mismas posibilidades de ejercerlos.
Juan Bosch, en su obra Composición social dominicana, estudió cómo las estructuras económicas y las relaciones de poder influyeron en la formación de nuestra sociedad. Sus reflexiones permiten comprender que muchas conductas políticas y sociales no nacen solamente de las ideas, sino también de las condiciones materiales en que viven los pueblos.
Durante el trujillismo, la concentración del poder político y económico convirtió la obediencia en una condición para conservar oportunidades y, en muchos casos, la propia seguridad. Aquella dictadura terminó, pero ciertas costumbres autoritarias y relaciones de dependencia personal sobrevivieron en nuestra cultura.
Hoy vivimos en democracia. Sin embargo, todavía encontramos trabajadores que temen expresar una opinión, reclamar condiciones adecuadas o disentir de sus superiores por miedo a perder el empleo.
Ocurre en las instituciones públicas, pero también en empresas privadas, comercios y fábricas. Cambian los escenarios y las autoridades, pero el temor puede ser el mismo.
No siempre se guarda silencio por cobardía. Muchas veces se guarda porque hay necesidades.
Y una sociedad donde la necesidad obliga al silencio tiene un problema que no se resuelve únicamente con crecimiento económico ni celebrando elecciones.
Soy defensor del capitalismo, de la propiedad privada y de la libertad económica. Reconozco el valor de quienes invierten, generan empleos y asumen riesgos. Pero también entiendo que el desarrollo de una nación no puede medirse solamente por la riqueza que produce, sino por las condiciones en que viven quienes contribuyen a crearla.
El capital merece seguridad jurídica y el trabajador merece dignidad. Ambas cosas son necesarias para una economía verdaderamente libre.
Ni el Estado ni la empresa privada deben confundir la autoridad con el derecho a disponer arbitrariamente de las personas. El salario remunera un trabajo; no compra la conciencia de quien lo recibe.
En el ámbito público, el gobierno del presidente Luis Abinader tiene la responsabilidad de continuar fortaleciendo instituciones donde el mérito y las normas prevalezcan sobre las relaciones personales. En el sector privado, corresponde garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y promover relaciones de trabajo basadas en el respeto.
También debemos superar la idea de que expresar una crítica razonada constituye una deslealtad. Un ciudadano no pierde sus convicciones por convertirse en empleado público, como tampoco un trabajador privado debe renunciar a sus derechos para demostrar compromiso con una empresa.No se trata de proteger la ineficiencia, desconocer la autoridad ni justificar el incumplimiento de las obligaciones laborales. Se trata de comprender que ninguna relación de trabajo debería convertirse en una forma de sometimiento moral.
Nuestra sociedad habrá avanzado mucho más cuando un dominicano pueda cumplir con su deber, expresar sus ideas y reclamar lo que legítimamente le corresponde sin sentir que pone en peligro el pan de su familia.
Porque mientras el miedo a perder el salario obligue a callar, tendremos ciudadanos libres ante la ley, pero condicionados por la necesidad.


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